CNC y ALTO refuerzan alianza para enfrentar la inseguridad y el comercio ilícito
- La instancia permitió acordar acciones conjuntas en capacitación, intercambio de datos estratégicos y diseño de nuevas medidas para el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), con miras a fortalecer la protección del comercio formal y la persecución de delitos en el sector.
En el marco de un nuevo Conecta CNC, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, junto a la gerente gremial, Muriel Sciaraffia, visitaron las oficinas de ALTO, donde se reunieron con Jorge Nazer, fundador de la empresa; María de los Ángeles Kassis, Country Manager; Eduardo Hernández, gerente Legal & Compliance y Maricel Yañez Reyes, gerente de Comunicaciones y Marketing, con la finalidad de proyectar una agenda conjunta en materia de seguridad y prevención de delitos.
ALTO, con presencia en Chile, México, Colombia, Estados Unidos y España, se ha consolidado como un actor líder en la prevención de delitos y la reducción de pérdidas. Su modelo de integración, análisis y acción ha permitido alcanzar un 88,3% de poder sancionatorio en los casos registrados durante el primer semestre de 2025, esto quiere decir que 8 de cada 10 delitos tienen sanciones penales gracias al trabajo de ALTO.
Además, ha posicionado su Sello ALTO en más de 25.000 puntos a nivel global, como símbolo de protección y disuasión frente a delitos, entregando un mensaje claro a los delincuentes; delinquir en lugares protegidos por ALTO tiene consecuencias penales.
Este servicio es ejecutado por profesionales multidisciplinarios especializados, quienes utilizan la tecnología desarrollada por ALTO para recopilar y analizar información sobre delitos en dependencias de sus clientes, detectar patrones conductuales delictuales e identificar modus operandi. Esto permite reunir antecedentes y elementos de pruebas para ejecutar acciones penales contra los responsables de los daños, como así también prevenir a la red ALTO sobre tendencias delictivas.
En el encuentro se definió una agenda de trabajo con tres ejes estratégicos, uno de los cuales es la capacitación y difusión de la nueva Ley de Seguridad Privada, por lo que en noviembre se realizará un seminario organizado por el OCIS, junto con ALTO y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que orientará a las empresas sobre la nueva normativa y sus desafíos, como parte del programa que ha desarrollado la empresa con fines de educación y concientización profundizando en el impacto operativo que tendrá la búsqueda de adaptarse a la nueva normativa. También se conversó acerca de reactivar el intercambio de datos estratégicos entre ambas instituciones.
Durante la reunión, se abordaron los próximos hitos del OCIS, incluyendo el lanzamiento de la encuesta de victimización en septiembre y las mesas de trabajo programadas para octubre. También se revisaron avances en las gestiones con municipios y ordenanzas, el trabajo de cara al proceso presidencial —donde ALTO se comprometió a aportar propuestas a raíz de sus 20 años de experiencia como operadores del sistema criminal, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal — y la alianza con cámaras sudamericanas, invitándolos desde ya a la actividad de enero. Además, ALTO planteó la necesidad de fortalecer puentes con autoridades para acceder a información clave, simplificar trabas procedimentales y adaptar requisitos que sostienen los procesos penales, que permitan resultados efectivos en condenas eficientando el uso de recursos del Estado y evitando la revictimización, junto con referirse a las principales temáticas que enfrentan sus clientes como el robo de cables y energía, contrabando, robo en ruta y ausentismo laboral.
Durante la reunión, Pakomio destacó que este trabajo conjunto “permitirá entregar herramientas concretas a nuestros asociados para enfrentar la inseguridad que afecta al comercio formal y a los emprendedores en todo el país, con datos confiables y estrategias colaborativas que nos permitan anticiparnos a los delitos”.
Esta alianza entre la CNC y ALTO busca fortalecer las capacidades de ambas entidades para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y comercio ilícito, aportando datos estratégicos, capacitación especializada y espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo de políticas públicas y privadas más efectivas.
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